Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

El pasado 12 de mayo se publicó en el DOGC la Ley 6/2017 en la que se regula el nuevo Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

A fecha de hoy estamos pendientes de la aprobación del Reglamento correspondiente. No obstante, os hacemos un previo del concepto que grava el nuevo impuesto, pero la entrada en vigor de la ley es al día siguiente de su publicación.

Para el ejercicio del 2017, el impuesto se meritará el próximo dia 30 de junio.

Se entiende que los activos a los que se refiere el artículo 3.1 no son productivos, a los efectos de este impuesto, en cualquiera de los siguientes supuestos:

  1. a) Si se ceden de forma gratuita a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas vinculadas a los mismos, directamente o mediante entidades participadas por cualquiera de ellos, y que los destinan total o parcialmente al uso propio o al aprovechamiento privado, salvo que su utilización constituya rendimiento en especie, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En caso de que el bien sea utilizado parcialmente para finalidades particulares, se considera activo no productivo solamente la parte o proporción que se destina a estas finalidades.
  2. b) Si se cede su uso, mediante precio, a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas físicas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquiera de ellos, para ser destinados total o parcialmente a usos o aprovechamientos privados, salvo que los propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan para la cesión del bien el precio de mercado, trabajen de forma efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución de importe superior al precio de cesión. Se consideran activos productivos los que son arrendados a precio de mercado a los propietarios, socios y partícipes o a personas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquiera de ellos, y son destinados al ejercicio de una actividad económica.
  3. c) Si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. Son activos afectos a una actividad económica los que, como factor o medio de producción, se utilizan en la explotación de la actividad económica del sujeto pasivo. A estos efectos, no se consideran bienes no productivos los que tienen un precio de adquisición que no supera el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que provengan del desarrollo de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el mismo año de la adquisición como en los últimos diez años anteriores. Se asimilan los dividendos que proceden de valores que otorgan, al menos, el 5% de los derechos de voto y se poseen con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que, a efectos fiscales, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con la definición de la Ley 19/1991, del 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio. Los ingresos obtenidos por la entidad participada tienen que proceder, al menos en el 90%, del desarrollo de actividades económicas.

Tampoco se consideran improductivos en los supuestos siguientes:

  1. a) Si se destinan a la utilización o al disfrute de los trabajadores no propietarios, no socios o no partícipes de la sociedad o entidad que constituye rendimiento en especie de estos.
  2. b) Si se destinan a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.
Nueva publicación en pagina oficial de la agencia tributaria referente a los aplazamientos de IVA del pasado dia 13 de Enero de 2017

Nueva publicación en pagina oficial de la agencia tributaria referente a los aplazamientos de IVA del pasado dia 13 de Enero de 2017

Medidas del Real Decreto-ley 3/2016 en materia de aplazamientos

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias. Entre ellas las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las derivadas de tributos que, como el IVA, deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

Tramitación de los aplazamientos tras el Real Decreto-ley 3/2016

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas afectadas por esta medida se inadmitirán, mientras que el resto de solicitudes se tramitarán en función de su importe, de acuerdo con el procedimiento establecido, que no ha sido modificado por el Real Decreto-ley. Así, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que se refieran a deudas por importe global igual o inferior a 30.000 euros no necesitarán aportar garantías, y se tramitarán mediante un proceso automatizado. Las solicitudes por un importe global superior deberán aportar las garantías adecuadas y se tramitarán mediante un proceso ordinario no automatizado. El límite exento de aportar garantías se elevó en octubre de 2015 desde 18.000 euros a los 30.000 euros actuales.

Incidencia de la medida para los autónomos

Por lo que se refiere a los autónomos, la medida relativa a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades no les afecta, puesto que tributan en el IRPF. La medida sobre el IVA repercutido sí les afecta, si bien van a poder seguir solicitando aplazamientos y fraccionamientos de IVA si justifican que no han cobrado las cuotas repercutidas. Por tanto, la principal modificación para los autónomos será que deberán acreditar que no han cobrado las cuotas de IVA repercutidas, en particular en aquellas solicitudes que excedan el límite exento de garantías. En consecuencia, los autónomos podrán solicitar el aplazamiento, cualquiera que sea su importe, de su IRPF e IVA en las siguientes circunstancias, en función del importe global de la deuda:

1. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.

2. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global excede de 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, en función del tipo de garantía aportada por el deudor, y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. Si las deudas son por IVA, será necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.

IMPUESTOS ESPECIALES

IMPUESTOS ESPECIALES

En el ámbito de los Impuestos Especiales, en concreto, en el Impuesto sobre Productos Intermedios y
en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5 por ciento la fiscalidad que
grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la Península
como en las Islas Canarias.
VALORES CATASTRALES
Este real decreto-ley también incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores
catastrales para 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley del Catastro
Inmobiliario, que prevé su actualización mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
año. Como consecuencia del retraso en la formación de un nuevo gobierno, resulta imposible tramitar el
proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 antes de final de año. Dado que la medida tiene una
repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que dicho Impuesto se devenga el 1 de
enero de cada año natural, resulta obligada la utilización del mecanismo del real decreto-ley para que
entre en vigor antes de dicha fecha. La medida resulta necesaria dado que contribuye a reforzar la
financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales, y a
tal efecto ha sido solicitada por 2.452 municipios que cumplen los requisitos de aplicación de la Ley, que
no podrían aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen en el IBI, por
lo que no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha
actualización.
Artículo 7. Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario.
1. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, quedan fijados para 2017 con arreglo al siguiente cuadro:
Año de entrada en vigor
ponencia de valores
Coeficiente de actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989 y 1990
1,08
1994 1,07
1995 1,06
1996 1,05
1997, 1998, 1999 y 2000 1,04
2001, 2002 y 2003 1,03
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92
2010 0,90
2011 0,87
b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2016, obtenidos de la aplicación de
Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará sobre dichos valores.
c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características
conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido
efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas
circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido
de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.

NOVEDADES EN FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS

NOVEDADES EN FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS

Entre las numerosas medidas incluidas en el Real Decreto Ley 3/2016, publicado en el BOE el sábado 3 de
diciembre, se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado
a realizar ingresos a cuenta.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal,
tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas
en el título VII de esta Ley.
e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias
dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contenciosoadministrativo
que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos
recursos o reclamaciones.
f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique
debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este
apartado serán objeto de inadmisión.»
Con esta reforma se procede a la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de
determinadas obligaciones tributarias, explicado más llanamente son las que siguen:
a) Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento
de las retenciones e ingresos por anticipado.
b) Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias que
tenga que cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre sociedades.
c) No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias
confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido
suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede
administrativa o judicial.
d) Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, dado
que el efectivo pago de estos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez
en el sujeto que repercute, salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no
han sido efectivamente pagadas.
Esta modificación es muy importante, pues en la práctica supone que no se podrán aplazar las
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, que suele ser el impuesto más aplazado por los
contribuyentes cada trimestre y afectará ya al 4 trimestre de 2016.
Además, justificar que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas supondrá una carga
extra para las empresas. Para el resto de empresas con problemas transitorios de liquidez verán
agravada su situación económica, pues hasta ahora podían disfrutar de aplazamientos de pago sin
aportar garantías hasta un máximo de 30.000 euros de cuota aplazada y con un interés razonable. Estas
ventajas se perderán a 1 de enero de 2017 siendo imprevisibles las consecuencias de esta medida que
como siempre se ha tomado por motivos meramente recaudatorios y de control del déficit y no en
beneficio de los contribuyentes.
Los aplazamientos o fraccionamientos los procedimientos de los cuales se hayan iniciado antes del 1 de
enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a esta fecha hasta su conclusión.

Esto no podía quedar así ya que perjudica y mucho a la mayoría de autónomos. Os dejo el enlace para
que veáis en que se está trabajando:
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/14/economia/1481729204_650103.html

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